Ley de Integridad Pública desata protestas y demandas
En un contexto marcado por el estado de excepción y un ambiente político tensionado, el presidente Daniel Noboa ha impulsado una serie de leyes económicas urgentes que, lejos de limitarse a temas específicos, han revivido una estrategia legislativa conocida en la historia reciente del país: las denominadas “leyes trole”. Este término nació en el año 2000 con la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, presentada por el entonces presidente Gustavo Noboa. Aquella norma, fundamental para implementar la dolarización tras la crisis bancaria, contenía una gran cantidad de reformas agrupadas en un solo documento. Desde entonces, se conoce como leyes “trole” a esas propuestas legislativas que —como los trolebuses capitalinos— contienen múltiples vagones temáticos: es decir, reformas diversas empaquetadas en un solo proyecto.
Hoy, el oficialismo retoma esa fórmula con fuerza. Bajo el liderazgo de Acción Democrática Nacional (ADN) y con el respaldo de sus aliados en la Asamblea Nacional, han sido aprobadas leyes como la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional, mientras que una tercera propuesta, la Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, aún está en trámite. Estas leyes nacen como proyectos urgentes y compactos, pero al llegar al Legislativo se transforman: crecen en extensión, se les suman reformas ajenas al tema original, y terminan afectando ámbitos sensibles como la contratación pública, el empleo en el sector estatal, el sistema judicial, la política penal, la movilidad humana y hasta el manejo de la tabla de drogas.
La Ley de Integridad Pública, por ejemplo, pasó de tener 17 páginas a más de 150, con reformas a una veintena de leyes. Entre sus puntos más polémicos está la modificación al sistema de compensaciones por despido en el sector público, lo que ya ha provocado el rechazo de gremios y sindicatos que anuncian acciones de inconstitucionalidad y posibles movilizaciones. Por su parte, la Ley de Solidaridad Nacional, supuestamente enfocada en regular conflictos armados no internacionales, incluyó reformas penales y de hidrocarburos, además de reintroducir una nueva “tabla de drogas”, que deberá ser elaborada por el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.
La manera en que se han tramitado estas leyes ha generado fuertes cuestionamientos. Aunque el oficialismo defiende su aprobación con el argumento de la eficiencia y la urgencia nacional, diversos sectores políticos y sociales consideran que este mecanismo legisla sin debate profundo, sin transparencia, y con un alto riesgo de que se violen principios constitucionales. Al final, estos proyectos terminan siendo verdaderos popurrís legislativos que, con el aval del Ejecutivo, entran rápidamente en vigencia sin el debido análisis de fondo.
Esta forma de legislar podría tener consecuencias significativas no solo en términos legales, sino también en la legitimidad del proceso democrático. A medida que el Ejecutivo acelera sus reformas por medio de leyes «trole», crece la tensión con los sectores afectados y se profundiza la división entre el oficialismo y los actores sociales que exigen una legislación más clara, coherente y debatida.
