¿Justo o excesivo? La polémica tasa minera bajo fuego
La empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, subsidiaria de la minera australiana Hancock Prospecting, presentó el 1 de julio de 2025 una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador en contra de la nueva tasa de fiscalización minera, establecida mediante la resolución Arcom-003/25.
Hanrine, que mantiene concesiones mineras aún no explotadas en la zona de La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, argumenta que la normativa es inconstitucional «por la forma y por el fondo», y solicita su anulación. Estas concesiones, conocidas como «Imba», han sido foco de conflicto en los últimos años debido a la presencia de minería ilegal, pese a operativos de desalojo realizados en 2019.
La resolución impugnada fue publicada en el Registro Oficial el 20 de junio y entró en vigencia el 1 de julio. Según el Gobierno, el cobro de esta tasa busca fortalecer a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) frente al aumento de actividades mineras irregulares. La Arcom estima que con esta medida podrá recaudar entre USD 200 millones y USD 220 millones para financiar sus labores de control y fiscalización en todo el país.
La norma establece que todos los titulares de concesiones mineras, tanto metálicas como no metálicas —estén en exploración o explotación— deberán pagar la tasa: de forma semestral en los casos de mediana y gran minería, y anualmente en el caso de la pequeña minería.
La ministra de Energía, por su parte, ha declarado que la tasa está en firme y que no habrá negociaciones ni postergaciones, marcando una postura inflexible frente a las críticas del sector privado.
Esta demanda abre un nuevo capítulo en el debate sobre la legalidad, la fiscalización y el control de la minería en Ecuador, especialmente en territorios como Imbabura, golpeados por la minería informal.
