Nuevo fiscal general: inscripción abierta hasta el 31 de julio
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) anunció la apertura de inscripciones para conformar la comisión ciudadana encargada de seleccionar al nuevo Fiscal General del Estado. Esta comisión será clave para llevar a cabo el concurso público que elegirá al titular que reemplazará a Diana Salazar, quien renunció en mayo de 2025, y a Wilson Toainga, fiscal encargado.
Desde el viernes 18 hasta el jueves 31 de julio de 2025, la ciudadanía podrá postularse para formar parte de este proceso. Los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos estrictos, como ser ecuatorianos en pleno goce de sus derechos, contar con probidad notoria y demostrar experiencia en gestión pública, lucha contra la corrupción o participación ciudadana, entre otros criterios.
La selección de los comisionados se realizará en dos etapas. Primero, se escogerá un banco de elegibles integrado por 30 personas —15 mujeres y 15 hombres— que hayan obtenido las mejores calificaciones en un concurso público de méritos e impugnación. Luego, por sorteo, se elegirán diez comisionados, cinco principales y cinco suplentes. Además, las cinco funciones del Estado —Presidencia, Asamblea Nacional, Función Judicial, Función Electoral y Función de Transparencia y Control Social— enviarán sus propios delegados para completar el grupo.
El proceso contempla también una revisión exhaustiva de los nominados para garantizar que no tengan inhabilidades ni antecedentes que comprometan su integridad. La ciudadanía podrá impugnar candidatos por falta de ética o probidad.
Este paso es vital porque el actual fiscal encargado, Wilson Toainga, mantiene el cargo bajo una prórroga tras la renuncia de Salazar, mientras el CPCCS cumple con su mandato para designar a una nueva autoridad con un periodo de seis años.
Aunque inicialmente se esperaba que la comisión estuviera conformada en 30 días, la convocatoria oficial fue aprobada el 16 de julio de 2025, y se prevé que el proceso completo dure entre 60 y 90 días. Así, se estima que la comisión comience a funcionar y tome posesión en octubre próximo.
Este proceso refleja el compromiso del Estado y la sociedad civil por garantizar una selección transparente, técnica y participativa de una de las autoridades más importantes del país, en un momento clave para la justicia y la lucha contra la corrupción en Ecuador.
