Violencia y estados de excepción marcan la era Noboa
En menos de dos años de gestión, el presidente Daniel Noboa ha convertido al estado de excepción en la norma antes que en la excepción. De los 638 días que lleva en el poder, 506 han transcurrido bajo esta medida, con un total de 14 decretos entre renovaciones y nuevas declaratorias, principalmente por la crisis de inseguridad. La Corte Constitucional, sin embargo, ha rechazado dos de estos decretos por falta de sustento, al advertir que la estrategia del Ejecutivo no responde a las causas estructurales de la violencia.
El despliegue militar y policial en provincias como Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santa Elena se ha convertido en una constante. Incluso cantones como La Maná, Las Naves o Echeandía han sido incorporados recientemente a los territorios bajo control excepcional. Pese a ello, el primer semestre de 2025 cerró como el más violento de la historia del país, lo que cuestiona la efectividad de la política de “mano dura” aplicada por el Gobierno.
La Corte Constitucional, además, ha exigido mayor control y coordinación interinstitucional, involucrando a la Asamblea Nacional, la Judicatura y la Defensoría del Pueblo. También ha recordado al Ejecutivo que debe cumplir con la obligación constitucional de presentar informes de gestión durante cada estado de excepción, algo que, según registros, no se ha respetado en los decretos más recientes.
La comparación histórica tampoco favorece al actual gobierno. Durante la administración de Rafael Correa se decretaron 85 estados de excepción que sumaron cerca de 4.000 días, pero muchos de ellos estuvieron dirigidos a instituciones específicas y no implicaron limitaciones a la ciudadanía. En cambio, desde Lenín Moreno y Guillermo Lasso, y con más fuerza bajo Noboa, la figura se ha enfocado en enfrentar la inseguridad, la violencia criminal y la crisis carcelaria.
Así, Ecuador vive hoy una paradoja: la herramienta que debería ser temporal y extraordinaria se ha transformado en parte del día a día de millones de ciudadanos, sin que los índices de violencia disminuyan. La pregunta que queda en el aire es si la insistencia en prolongar el estado de excepción es una solución efectiva o un recurso de desgaste que posterga las transformaciones estructurales que el país demanda.
