Polémica por posible condonación al IESS en nueva ley
La Asamblea Nacional aprobó con 78 votos la controvertida Ley de Transparencia Social, también conocida como Ley de Fundaciones, impulsada por el bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). A pesar de su aprobación como proyecto económico urgente, la norma ha generado una oleada de críticas por parte de diversos sectores de la oposición, que advierten sobre disposiciones que, según denuncian, podrían abrir la puerta a beneficios indebidos para el Gobierno y sus altos funcionarios.
Entre los puntos más polémicos del texto aprobado se encuentra una disposición transitoria que exoneraría del pago de multas y recargos a las empresas públicas que mantienen deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta cláusula ha sido interpretada por el Partido Social Cristiano (PSC) como una forma encubierta de condonación estatal que atentaría contra los recursos de los afiliados. El asambleísta Alfredo Serrano calificó esta disposición como inconstitucional, recordando que los fondos de la Seguridad Social son ajenos al fisco.
Por su parte, el bloque de la Revolución Ciudadana (RC) cuestionó lo que consideran un intento de blindaje fiscal a funcionarios del Ejecutivo. Señalaron que la ley limita las auditorías financieras por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a ministros, viceministros y otros altos cargos, impidiendo futuros análisis por los mismos períodos, lo que podría obstaculizar procesos de fiscalización y control en casos de posible corrupción.
Además, organizaciones sociales y representantes de fundaciones han manifestado su preocupación por el excesivo nivel de control que la nueva norma impone sobre las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo auditorías costosas, códigos de ética obligatorios y un sistema de registro centralizado que podría comprometer información sensible. Incluso dentro de la alianza de gobierno hubo división: tres legisladores de Pachakutik votaron en contra del proyecto.
Aunque el oficialismo defiende la ley como una herramienta clave para combatir el lavado de activos y fortalecer la transparencia en el manejo de recursos, la oposición advierte que el contenido aprobado excede el objetivo original y vulnera principios fundamentales como la unidad de materia y el debido proceso.
Esta es la cuarta ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa en sus primeros 100 días de gobierno, y la que menos respaldo obtuvo hasta ahora, aprobándose con el mínimo de votos necesarios (78).
