Bloqueos, choques y tensión en varias provincias del país.
Ecuador amaneció con un nuevo paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Desde primeras horas de la mañana se registraron bloqueos en carreteras de la Sierra y la Amazonía, generando complicaciones en la movilidad y tensión en varias ciudades.
En la provincia de Imbabura, particularmente en Otavalo, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Los accesos a la ciudad fueron interrumpidos por barricadas y quema de neumáticos, mientras los comerciantes expresaron preocupación por las pérdidas económicas que un paro prolongado podría ocasionar.
En Cotopaxi, la situación también se tornó crítica. En Latacunga, contingentes militares y policiales se desplegaron para habilitar el tránsito en la vía Panamericana, que conecta con Quito. Sin embargo, los intentos de desbloqueo derivaron en choques que dejaron heridos leves y la detención de varias personas.
En Orellana y Cayambe se registraron bloqueos que paralizaron el transporte público y complicaron el traslado de productos agrícolas hacia los mercados de la capital. Agricultores de la zona señalaron que, de continuar la protesta, podrían presentarse pérdidas millonarias en el sector productivo.
Mientras tanto, en Quito, las principales avenidas permanecieron abiertas durante gran parte del día, aunque con fuerte resguardo militar y policial en puntos estratégicos, como El Trébol, la Ruta Viva y los ingresos por el norte y sur. La capital se mantiene en expectativa, recordando las jornadas de movilización de años anteriores que paralizaron al país durante semanas.
En Guayaquil, en cambio, la situación fue distinta. Los mercados mayoristas y terminales de transporte operaron con normalidad, lo que permitió un abastecimiento estable de productos. Sin embargo, autoridades locales reforzaron la seguridad ante la posibilidad de que los bloqueos en otras provincias interrumpan la cadena de distribución hacia la Costa.
El Gobierno, a través del presidente Daniel Noboa, aseguró que no permitirá actos de violencia ni bloqueos prolongados. El Ejecutivo insistió en que la eliminación del subsidio responde a la necesidad de ordenar las finanzas públicas, aunque ratificó su apertura al diálogo con los movimientos sociales. Noboa también advirtió que las fuerzas del orden intervendrán de manera firme contra quienes cometan actos considerados delictivos durante la paralización.
El paro revive la memoria de movilizaciones pasadas, como las de octubre de 2019 y junio de 2022, en las que la presión social derivó en negociaciones políticas de alto impacto. En este 2025, el pulso entre el movimiento indígena y el Gobierno se presenta como una prueba decisiva para medir la capacidad de resistencia de la Conaie y la firmeza del Ejecutivo en su política económica.
Por ahora, la incertidumbre persiste. El desenlace de las próximas horas y la duración del paro definirán si esta jornada se consolida como una protesta aislada o como un nuevo capítulo de confrontación social que ponga en jaque la estabilidad del país.
