Las primeras decisiones del organismo generan debate sobre la autonomía judicial en Ecuador.
El Consejo de la Judicatura (CJ), renovado hace menos de dos semanas, ha despertado debate nacional tras sus primeras decisiones institucionales. Presidido nuevamente por Mario Godoy, el organismo enfrenta cuestionamientos sobre su independencia frente al Ejecutivo, luego de designar por unanimidad a Carlos Alarcón como fiscal general subrogante.
La decisión fue oficializada el 2 de octubre de 2025, luego de que la Procuraduría General del Estado determinara que el CJ debía encargarse del nombramiento en ausencia del titular de la Fiscalía, Wilson Toainga, quien reemplazó a Diana Salazar tras su salida del país.
⚖️ Polémica en la designación
La elección de Alarcón no pasó desapercibida. El nuevo fiscal subrogante ha intervenido en casos judiciales con nexos políticos sensibles, como el caso “Nene” —relacionado con el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad—, el proceso de Seguros-Petroecuador, y el caso Triple A, en el que está involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
La coincidencia de estos procesos con figuras políticas enfrentadas al Gobierno de Daniel Noboa ha generado sospechas sobre una posible alineación del CJ con el Ejecutivo, pese a que sus miembros fueron seleccionados por distintas funciones del Estado.
🏛️ Los nuevos vocales y sus decisiones
El nuevo Consejo está integrado por:
Mario Godoy, presidente (designado por la Corte Nacional de Justicia)
Damián Larco, representante del Ejecutivo
Fabián Fabara, delegado de la Asamblea Nacional
Magaly Ruíz, representante de la Fiscalía
Alfredo Cuadros, delegado de la Defensoría Pública
En sus primeros 12 días de gestión, el CJ ha tomado cuatro resoluciones, todas aprobadas por unanimidad. Estas incluyen:
La designación de Carlos Alarcón como fiscal subrogante.
La aprobación de la Proforma Presupuestaria 2026.
La prórroga de nombramientos de jueces de Portoviejo.
La aceptación de la renuncia de un juez de Pichincha.
Aunque la unanimidad puede interpretarse como coordinación institucional, críticos advierten que podría reflejar una mayoría alineada al poder político actual.
⚠️ Desafíos pendientes
El CJ tiene sobre la mesa temas de gran trascendencia:
Nombrar a 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia, un proceso estancado desde 2024.
Implementar unidades judiciales especializadas en derechos constitucionales, aprobadas en la consulta popular de 2024, pero aún sin ejecución.
Recuperar la confianza ciudadana en la independencia judicial, cuestionada desde hace varios periodos administrativos.
La expectativa pública recae en cómo el organismo gestionará estos procesos y si garantizará transparencia, meritocracia e independencia en sus decisiones.
💬 Análisis y reacción ciudadana
Expertos consultados por medios nacionales y organizaciones jurídicas advierten que el Consejo enfrenta una “prueba de fuego” en su legitimidad institucional. La ciudadanía observa con cautela, consciente de que una justicia dependiente del poder político puede debilitar aún más el equilibrio de funciones del Estado.
Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa mantiene un discurso enfocado en la “reconstrucción institucional”, aunque sus opositores sostienen que busca fortalecer el control político dentro del sistema judicial.
🗣️ Conclusión
La Judicatura arranca una nueva etapa con decisiones firmes, pero controversiales. Su desempeño en los próximos meses determinará si Ecuador avanza hacia una justicia más independiente o si se profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones.
¿Crees que el nuevo Consejo de la Judicatura garantiza una justicia imparcial en Ecuador?
