José Serrano, sin proceso de retorno
El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, José Serrano, permanece bajo custodia de la agencia estadounidense ICE desde el 7 de agosto de 2025, recluido en el Centro de Detención de Krome, en Florida. Esta situación se enmarca dentro de una investigación más amplia relacionada con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, en la que Serrano es señalado como presunto autor intelectual, dentro del denominado caso Magnicidio FV.
En una entrevista reciente, la Canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó que hasta la fecha Ecuador no ha solicitado formalmente la extradición de José Serrano. La ministra aclaró que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, no se ha realizado trámite alguno en esa dirección, y desconocía si la Fiscalía General del Estado ha tomado alguna acción independiente en este sentido.
Paralelamente, la justicia ecuatoriana mantiene pendiente la audiencia de formulación de cargos contra Serrano y otros involucrados en el caso Magnicidio, que había sido programada inicialmente para el 26 de agosto, pero fue suspendida por motivos de salud de uno de los abogados de la defensa. Se prevé que esta audiencia se celebre el próximo 3 de septiembre en Quito.
Por su parte, en Estados Unidos, José Serrano enfrenta un proceso migratorio complejo. Su solicitud de asilo será revisada el próximo 11 de septiembre, mientras permanece bajo custodia. Su familia ha expresado públicamente su preocupación por su seguridad, afirmando que, de ser extraditado o retornado a Ecuador, podría estar en riesgo de sufrir represalias. Estas declaraciones ponen en evidencia la delicada situación que envuelve al exfuncionario, así como la desconfianza hacia el sistema judicial nacional.
Además, la causa judicial en su contra se ha complicado tras la entrega a las autoridades estadounidenses de documentos por parte de Diego Vallejo, un militar ecuatoriano retirado que habría asesorado a Serrano y que lo vincula con supuestos actos delictivos, entre ellos relacionados con el caso Balda, otro proceso judicial emblemático en Ecuador.
Este escenario revela una compleja encrucijada política, judicial y diplomática para Ecuador. La falta de solicitud formal de extradición por parte del Estado ecuatoriano genera interrogantes sobre la estrategia institucional, la coordinación entre entidades y la independencia judicial en procesos de alto perfil político. A su vez, plantea un debate público sobre la transparencia y el compromiso del país frente a hechos que sacuden la vida política nacional.
