Noboa endurece su política de seguridad mientras la violencia no cede
El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador, abarcando cinco provincias y tres cantones. La medida busca frenar la violencia criminal y fortalecer los operativos militares. ¿Hasta cuándo vivirá el país bajo emergencia?
Ecuador suma otro estado de excepción en medio de la crisis de seguridad
El presidente Daniel Noboa anunció un nuevo estado de excepción este 5 de noviembre de 2025, que regirá durante 60 días en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
La medida responde al aumento de delitos violentos, asesinatos y presencia de grupos criminales que operan en estas zonas.
Con esta decisión, Ecuador acumula 506 días bajo regímenes de excepción desde el inicio del mandato de Noboa, lo que evidencia el grado de inestabilidad y el desafío constante que enfrenta el Gobierno frente al crimen organizado.
“Grave conmoción interna”, el argumento del Ejecutivo
El Decreto Ejecutivo 202 justifica la declaratoria por “grave conmoción interna” y faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ejecutar allanamientos, inspecciones y controles sin necesidad de orden judicial, en busca de integrantes de bandas armadas.
Además, la medida suspende la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, permitiendo revisar comunicaciones físicas y electrónicas con fines investigativos.
El decreto cita hechos recientes como el asesinato en una gasolinera de Salinas y el crimen del periodista Fernando Álvarez en Guayas, como ejemplos de la escalada delictiva.
Reacciones y efectos en la ciudadanía
Expertos en seguridad advierten que el estado de excepción ha pasado de ser una herramienta temporal a convertirse en una política permanente de control. Aunque la población percibe cierto alivio por la presencia militar, también crecen las preocupaciones por la falta de resultados sostenibles y la restricción de derechos civiles.
Por su parte, analistas señalan que el reto del Gobierno no está solo en contener la violencia, sino en recuperar la confianza ciudadana y reactivar la economía en las zonas más afectadas.
