Ecuador exige visa a 44 países
A partir del 1 de septiembre de 2025, el Gobierno de Ecuador ha puesto en marcha una nueva política migratoria que exige a ciudadanos de 44 países la obtención de una Visa de Visitante Temporal de Transeúnte para poder ingresar al país, incluso si el viaje es por motivos de tránsito o estadía temporal.
Esta medida, que forma parte de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, tiene como principal objetivo fortalecer la seguridad del Estado y mejorar el control migratorio, en un contexto marcado por el aumento sostenido de flujos migratorios irregulares, particularmente desde Venezuela.
Entre los países cuyos ciudadanos deberán gestionar esta visa obligatoria se encuentran: Venezuela, Cuba, Haití, Afganistán, Eritrea, Irán, Siria, Nigeria, Bangladesh, entre otros. La lista abarca naciones de América Latina, África, Asia y Europa del Este, consideradas por el Gobierno como origen de migración de riesgo o alta presión para el sistema nacional de acogida.
La nueva visa tiene un costo total de USD 80 (USD 50 por la solicitud y USD 30 por la emisión) y deberá ser tramitada exclusivamente desde fuera del territorio ecuatoriano, a través de la plataforma digital oficial de la Cancillería. Aún no se ha detallado el tiempo de permanencia permitido ni las condiciones específicas de esta visa, lo que ha generado dudas entre expertos en migración y organizaciones humanitarias.
La aplicación de esta medida también coincide con el fin del acuerdo migratorio bilateral entre Ecuador y Venezuela, vigente durante 15 años. Dicho acuerdo permitía el ingreso y permanencia regular de ciudadanos venezolanos, pero fue derogado por la Asamblea Nacional bajo el argumento de que ya no cumplía su propósito y generaba cargas económicas al Estado ecuatoriano.
Asimismo, en marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa derogó la amnistía migratoria para venezolanos, que facilitaba la regularización de miles de personas en situación irregular. Con esta nueva visa, se elimina también la posibilidad de acceder a la visa VIRTE II, utilizada por decenas de miles de migrantes para iniciar su proceso de regularización.
El Gobierno ha defendido la medida como una forma de proteger la soberanía nacional y regular el ingreso ordenado de extranjeros. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han expresado preocupación por el posible impacto humanitario, especialmente en poblaciones migrantes y refugiadas que ahora enfrentan nuevas barreras para acceder a protección o reunificación familiar.
Con esta decisión, Ecuador se suma a una tendencia regional de endurecimiento de políticas migratorias, en medio de presiones internas, crisis económicas y desafíos en la gestión de la movilidad humana.
