Ecuador Frente al Nuevo Referendo
El presidente Daniel Noboa impulsa una nueva consulta popular y referendo, programada para concretarse antes de diciembre de 2025. Entre las propuestas enviadas a la Corte Constitucional se incluyen temas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la reducción del número de asambleístas, el retorno de los casinos y el financiamiento de organizaciones políticas, entre otros.
Expertos consultados por PRIMICIAS advierten que, si bien algunos de estos temas son de interés público, la forma en que se presentan las preguntas no garantiza soluciones estructurales a los problemas diarios de los ciudadanos. Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señala que históricamente las consultas populares en Ecuador han sido utilizadas más como un instrumento de legitimación de los gobiernos que como un mecanismo efectivo de cambio social.
La analista política Karen Sichel resalta que varias de las preguntas planteadas replican medidas de gobiernos anteriores sin ofrecer alternativas claras ni mejoras concretas. Por ejemplo, la eliminación del CPCCS no detalla un sistema de reemplazo que asegure transparencia y responsabilidad, mientras que la reducción de legisladores carece de argumentos sólidos que respalden proporcionalidad y eficiencia.
Santiago Basabe, catedrático y analista político, coincide en que algunas de las medidas presentadas parecen orientadas a consolidar el poder del Ejecutivo, dejando la seguridad y otros problemas del país como simples discursos de legitimación. No obstante, expertos reconocen que ciertos temas, como la cooperación con bases militares extranjeras y el financiamiento de organizaciones políticas, sí podrían tener un impacto positivo y real en el país, siempre que se implementen con claridad y transparencia.
En conclusión, la consulta popular propuesta por Noboa combina preguntas de interés público con otras que podrían favorecer la estrategia política del gobierno. El desafío para el Ejecutivo será presentar un proceso que, más allá de la legitimación política, contribuya de manera efectiva a resolver problemas estructurales y mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos ecuatorianos.