Hijas de Villavicencio bajo protección estatal
En el marco de las investigaciones por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, sus hijas, Amanda y Tamia Villavicencio, han sido incorporadas oficialmente al Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado. La decisión responde a una denuncia presentada por las jóvenes en contra de Xavier Jordán, a quien acusan de intimidación y hostigamiento a través de redes sociales.
Según relataron en un comunicado, Jordán –prófugo de la justicia y procesado en otros casos de alto perfil como Metástasis– ha utilizado sus plataformas digitales para atacar públicamente a la familia Villavicencio. En sus publicaciones, habría difundido acusaciones infundadas contra el fallecido político y sus hijas, así como fotografías de espacios que, según él, pertenecerían a la residencia de su madre, lo cual fue interpretado como un acto de amenaza e invasión a la privacidad.
La denuncia se presenta en un momento clave del proceso judicial: pocas horas antes de la audiencia de formulación de cargos prevista para el 3 de septiembre de 2025, en la que Jordán, junto a Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y José Serrano, enfrentará cargos como presunto autor intelectual del magnicidio ocurrido en agosto de 2023. La jueza Daniela Ayala, de la Unidad Anticorrupción de Quito, estará a cargo de esta audiencia, que ha sido calificada como un hito en el camino hacia la justicia.
Las hijas de Villavicencio han manifestado públicamente que no solo luchan por preservar la memoria de su padre, sino también por acceder a la verdad en medio de un proceso cargado de presiones, dilaciones y riesgos. «Exigimos garantías para nuestra seguridad y nuestro derecho a la justicia», expresaron en su pronunciamiento.
Este nuevo giro en el caso reafirma la complejidad de la investigación y expone los desafíos que enfrentan las víctimas indirectas en procesos de alto impacto político y mediático. La Fiscalía, por su parte, prepara la presentación de evidencias que permitirían sustentar las acusaciones por la presunta autoría intelectual del crimen.
