Ecuador analiza si abrir un nuevo capítulo constitucional para redefinir su rumbo.
El anuncio sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente en Ecuador ha encendido el debate político y social en todo el país. Desde Carondelet, el Gobierno plantea que un nuevo marco constitucional podría permitir una reorganización más profunda del Estado, enfocada en la eficiencia administrativa, la seguridad ciudadana y una mayor participación social en la toma de decisiones.
Las voces a favor sostienen que una Constituyente es la única vía para implementar cambios estructurales que no se pueden alcanzar mediante reformas parciales. Argumentan que es el momento de rediseñar el Estado, ajustar el sistema judicial y fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción.
Sin embargo, los sectores en contra advierten que abrir un proceso constituyente podría generar más incertidumbre que soluciones. Expertos señalan que la falta de consensos y el clima político polarizado representan riesgos para la estabilidad institucional y para la confianza de los mercados.
A nivel ciudadano, las opiniones también están divididas. Mientras unos ven la posibilidad de un cambio histórico que modernice al país, otros temen que este proceso se convierta en un escenario de confrontación política sin resultados concretos.
El debate recién comienza y, con él, la pregunta que marcará la agenda nacional en los próximos meses: ¿es realmente la Constituyente la vía que necesita Ecuador para enfrentar sus desafíos actuales?
