El Municipio refuerza la coordinación con Policía y Fuerzas Armadas tras los anuncios de movilización de la Conaie.
En medio de la tensión social que atraviesa el país, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito activó protocolos preventivos ante el anuncio de nuevas movilizaciones encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El objetivo: proteger la infraestructura estratégica de la ciudad y garantizar el orden público.
Durante una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano, las autoridades locales analizaron el plan de acción municipal frente a eventuales hechos de conmoción social. El alcalde Pabel Muñoz señaló que desde el 22 de septiembre se puso en marcha la fase preventiva del protocolo de seguridad, que incluye monitoreo permanente y refuerzo de la coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, explicó que el protocolo, elaborado en 2023, establece responsabilidades y niveles de respuesta en caso de disturbios o afectaciones al orden. “Quito tiene más de 10.500 infraestructuras estratégicas, entre ellas plantas de agua potable, sistemas de transporte, puntos de distribución de combustibles y el Metro de Quito. De estas, 127 son consideradas de alto riesgo”, indicó la funcionaria.
En la sesión, el Concejo exhortó al Gobierno Nacional a instalar mesas de diálogo que permitan canalizar las demandas sociales y evitar episodios de violencia. “Condenamos la violencia venga de donde venga”, manifestó la concejala Estefanía Grunauer, quien recalcó que el Municipio se mantendrá en alerta para proteger los bienes públicos y privados del Distrito Metropolitano.
Mientras tanto, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, afirmó que el movimiento no busca confrontar a las ciudades, sino reclamar años de abandono en las comunidades indígenas. Sin embargo, su reciente discurso en Alausí, donde mencionó la posibilidad de “trasladar la lucha a Quito”, ha generado preocupación en las autoridades.
El exlegislador Ramiro Rivera presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra Vargas por instigación pública y asociación ilícita, señalando que sus declaraciones incitan a actos de fuerza y ponen en riesgo la estabilidad de la capital. La Fiscalía deberá determinar si existen elementos que configuren delitos contra el orden público o incluso terrorismo.
Mientras los llamados al diálogo siguen sobre la mesa, Quito se mantiene en alerta. Los equipos municipales, junto con fuerzas del orden, realizan patrullajes preventivos en zonas estratégicas como las plantas de agua potable y los sistemas de transporte.
La capital, históricamente epicentro de las principales movilizaciones sociales del país, se enfrenta nuevamente al reto de preservar la paz y la convivencia ciudadana, en un contexto donde el descontento social y la crisis económica mantienen encendida la tensión en las calles.
