Granadas, fusiles y terror: así fue el ataque a los militares en Alto Punino
El viernes 9 de mayo de 2025, una operación militar contra la minería ilegal en la región amazónica de Ecuador terminó en tragedia. Once soldados ecuatorianos, pertenecientes a la Brigada de Selva 19 Napo, fueron asesinados y uno más resultó herido en una emboscada ocurrida en el sector de Alto Punino, una zona fronteriza entre las provincias de Napo y Orellana, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana.
El ataque tuvo lugar alrededor de las 14:15 de ese día, mientras un grupo de 80 militares se encontraba realizando una operación contra la minería ilegal en la región. Los soldados habían sido desplegados en helicópteros hacia distintos puntos del área de Alto Punino, un territorio conocido por albergar campamentos ilegales dedicados a la extracción de oro. La operación tenía como objetivo desmantelar estas actividades ilícitas que no solo afectan la economía del país, sino que también generan un grave daño al medio ambiente y contribuyen a la inseguridad en la región.
El equipo de combate fue atacado por un grupo armado que lanzó explosivos, granadas y disparos de fusil. El Ejército ecuatoriano, a través de un comunicado oficial, responsabilizó a los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las FARC que opera en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador. Este grupo armado, conocido por su vinculación con actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, ha estado involucrado en diversos ataques en Ecuador. Sin embargo, los Comandos de la Frontera negaron su participación en el ataque, señalando que no operan en territorio ecuatoriano y sugiriendo que otras bandas delictivas locales, como Los Choneros, Los Lobos o Los Tiguerones, podrían estar involucradas en el crimen.
El ataque dejó a 11 militares muertos, entre ellos un teniente, un sargento segundo, un cabo primero, un cabo segundo y varios soldados. El gobierno ecuatoriano ha expresado su firme condena por este hecho y ha prometido justicia para las víctimas. El presidente Daniel Noboa decretó tres días de luto nacional, como muestra de respeto y solidaridad con los caídos. Además, en un mensaje en redes sociales, el presidente afirmó: «Acabaremos con los responsables. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que estos crímenes no queden impunes».
El Ejército ecuatoriano también ha ratificado su compromiso con la justicia y ha señalado que continuarán sus esfuerzos para erradicar la minería ilegal en la región. Además, se activó el Plan de Recompensas 131, destinado a obtener información que permita capturar a los responsables del ataque.
El enfrentamiento dejó una profunda conmoción no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en la sociedad ecuatoriana, ya que pone de relieve la creciente violencia en las zonas fronterizas del país. Las autoridades han enfatizado que la minería ilegal, impulsada por carteles criminales y grupos armados, es uno de los principales motores de la violencia en la región amazónica. Según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), desde 2019, esta actividad ilegal ha destruido más de 1.500 hectáreas de bosques en la zona del río Punino, lo que afecta gravemente el ecosistema y pone en riesgo la biodiversidad del país.
El ataque también ha tenido repercusiones internacionales. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador expresó sus condolencias a las familias de los militares caídos y reiteró su apoyo a Ecuador en su lucha contra el crimen organizado. Colombia, país vecino y cuya frontera comparte con Ecuador, también mostró su solidaridad. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez, condenó el ataque y destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra los grupos armados organizados.
Este trágico suceso también ha dejado en evidencia las dificultades que enfrenta el gobierno de Daniel Noboa para garantizar la seguridad en las zonas más vulnerables del país. La presencia de grupos armados organizados, involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado, continúa siendo una amenaza en la región fronteriza, lo que complica aún más el control del territorio y la seguridad de la población.
Las autoridades ecuatorianas han reiterado que la lucha contra estos grupos continuará y que se fortalecerán las estrategias de seguridad en la región para evitar nuevos ataques y garantizar la protección de los ciudadanos y las Fuerzas Armadas. Asimismo, el gobierno ha insistido en que la minería ilegal debe ser erradicada para proteger tanto el medio ambiente como la seguridad nacional.
