El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 134 que restringe el derecho a reunión y moviliza a las Fuerzas Armadas.
El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó este martes 16 de septiembre de 2025 el estado de excepción en siete provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.
La medida, contenida en el Decreto Ejecutivo 134, tiene una vigencia inicial de 60 días y se sustenta en la “grave conmoción interna” provocada por las manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, que elevaron el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares.
Según el documento oficial, el estado de excepción busca frenar “las paralizaciones que han alterado el orden público y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, su libre circulación y el derecho al trabajo”.
Entre las disposiciones, se restringe el derecho a la libertad de reunión en espacios públicos, medida que permitirá a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas impedir y desarticular aglomeraciones que representen riesgos para la seguridad o que afecten los servicios públicos. No obstante, el Gobierno aclara que la restricción no impide la manifestación pacífica.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que no se permitirá el cierre de vías, mientras que unidades de la Policía y militares ya intervinieron en sectores como la Panamericana Norte, donde se registraron bloqueos desde el lunes 15 de septiembre.
El Ejecutivo insiste en que no habrá negociaciones para revertir la eliminación del subsidio al diésel, pese a la resistencia de transportistas y organizaciones sociales. Con esta decisión, Noboa enfrenta uno de los mayores retos de su administración, en un escenario marcado por el recuerdo de las protestas de 2019 y 2022 que obligaron a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso a dar marcha atrás en políticas similares.
