La justicia ecuatoriana en terapia intensiva
La justicia en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos. En junio de 2025, varios casos han expuesto de forma contundente las fallas estructurales del sistema judicial. Entre los más sonados está la condena a tres años de prisión contra la exjueza María Belén Domínguez por tráfico de influencias a favor del exalcalde Jorge Yunda. Asimismo, seis jueces de El Oro fueron destituidos tras declarar inocente a Daniel Salcedo en un caso de lavado de activos, en una resolución que fue calificada como “error inexcusable” por el Consejo de la Judicatura.
Estas sanciones, junto a más de 100 procesos disciplinarios en lo que va del año, reflejan una aparente voluntad institucional por enfrentar la corrupción interna. Sin embargo, los analistas coinciden en que los correctivos no deben quedarse en medidas aisladas. Es urgente una reforma profunda y estructural que recupere la independencia judicial y garantice el debido proceso.
El problema no es únicamente de malos jueces, sino de un sistema permeado por redes de poder político, intereses económicos y falta de controles eficaces. Casos como el de “Metástasis” y “Púga” han demostrado cómo operadores judiciales han servido a estructuras criminales, debilitando la confianza ciudadana.
La solución no está solo en castigar. Ecuador necesita una transformación en la carrera judicial, con procesos de selección y remoción transparentes, formación ética, mecanismos de rendición de cuentas y protección a los jueces honestos. También se requiere separar al Consejo de la Judicatura de presiones políticas y fortalecer la Fiscalía para investigar conexiones estructurales, no solo casos individuales.
La ciudadanía exige un sistema de justicia independiente, técnico y coherente. Mientras no se rompa con la impunidad estructural y no se garantice un verdadero control institucional, las sanciones seguirán siendo episodios mediáticos sin impacto duradero.
Ecuador tiene en este momento una oportunidad histórica para curar su sistema judicial. No se trata solo de cambiar nombres, sino de transformar el fondo. La credibilidad se reconstruye con instituciones fuertes, procesos claros y justicia verdaderamente independiente.
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