El alto costo de los subsidios a combustibles
En Ecuador, los subsidios al diésel y al gas de uso doméstico se mantienen como uno de los principales retos fiscales del país. Solo en 2024, el Estado destinó USD 2.244 millones a estos beneficios, una cifra que equivale a casi la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación. A pesar de los altos costos, estos subsidios han resultado prácticamente intocables durante décadas, debido a que cualquier intento de reducirlos ha generado protestas sociales, conflictos y pérdidas económicas significativas.
Históricamente, estos subsidios protegieron a los hogares de menores ingresos y garantizaron precios bajos para sectores estratégicos, como el transporte público. Sin embargo, la realidad actual ha cambiado: Ecuador importa gran parte del diésel y el gas doméstico, lo que hace que mantener estos beneficios sea cada vez menos sostenible para las finanzas públicas. Además, el subsidio ha generado distorsiones, como el contrabando y el uso en actividades ilícitas.
Expertos coinciden en que cualquier reducción de los subsidios debe acompañarse de mecanismos de compensación para los sectores más vulnerables, como transferencias económicas o incentivos específicos para transportistas. Reducir este gasto histórico no solo implica decisiones financieras, sino también un manejo cuidadoso de la política social, garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad.
El debate sobre los subsidios al diésel y al gas doméstico refleja así un delicado equilibrio entre la estabilidad social, la eficiencia económica y la sostenibilidad fiscal, un tema que seguirá siendo central en la agenda política y económica de Ecuador.
