Álvarez dice que no puede usar grillete por el corazón
Guayaquil, 27 de mayo de 2025. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, comparece este lunes en la audiencia preparatoria de juicio por el caso Triple A, una investigación por presunta distribución ilegal de combustibles que podría derivar en una orden de prisión preventiva en su contra, solicitada por la Fiscalía General del Estado.
La diligencia, que inició pasadas las 08:50 en el Complejo Judicial Norte de Quito, reúne a 16 personas naturales y seis empresas procesadas. Entre ellas figura Álvarez, cuyo nombre ha acaparado titulares debido a múltiples controversias desde que la causa se abrió en julio de 2024. Según la Fiscalía, la red investigada habría manipulado los volúmenes de distribución de diésel subsidiado, generando una diferencia entre el combustible despachado y el facturado. Este combustible habría sido comercializado ilegalmente en zonas fronterizas y mineras del país.
Álvarez pidió retirar el grillete y cambió de abogados tres veces
Antes de que comience la audiencia preparatoria, se tenía previsto que el alcalde solicite la revisión de medidas cautelares, específicamente el retiro del grillete electrónico, argumentando una enfermedad cardíaca documentada. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, al no colocarse el dispositivo, Álvarez incumplió una orden judicial, por lo que solicitarán su detención preventiva.
El proceso también ha estado marcado por una serie de cambios en su defensa legal. Su primer abogado renunció alegando amenazas, el segundo justificó su ausencia por problemas de salud, y el tercero fue multado por no acudir a una audiencia y presentó escritos para postergar la etapa preparatoria, los cuales fueron rechazados por el juez Renán Andrade. Finalmente, Álvarez designó como nuevos abogados a Ramiro García Falconí, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la UCE, junto a Estefany Alvear y Katherine Barona.
Fiscalía revela conexiones entre empresas y estaciones de servicio
De acuerdo con el fiscal de Transparencia, Carlos Alarcón, la red habría estructurado una operación mediante la cual varias empresas vinculadas entre sí comercializaban combustible ilegalmente. En febrero de 2025, en el marco de la investigación, la Fiscalía realizó allanamientos a cinco estaciones de servicio ubicadas en las provincias de Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.
Durante la instalación de la audiencia, varios abogados de los procesados solicitaron su suspensión, alegando que no han recibido todos los cuerpos del expediente fiscal, lo cual consideran una violación al derecho a la defensa. No obstante, el juez Andrade decidió continuar con la audiencia, iniciando con la revisión de nulidades y vicios procesales.
Se prevé que esta audiencia se extienda hasta el viernes 31 de mayo, en la que se determinará si los implicados, incluido el alcalde de Guayaquil, enfrentarán un juicio penal por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado y comercialización ilegal de derivados de hidrocarburos, tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
