Asignación del Fondo de Promoción Electoral y su impacto en la campaña
El límite de gasto para la campaña electoral de la segunda vuelta en Ecuador está fijado en USD 2.1 millones por candidato, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta cifra debe cubrir todos los aspectos operativos de la promoción política, incluyendo costos de traslados, logística, tarimas, banderas y artículos promocionales.
El financiamiento de las campañas proviene de diversas fuentes, como aportes de los partidos o movimientos políticos a los que pertenecen los candidatos, donaciones privadas y contribuciones de simpatizantes. Todas las cuentas deben ser presentadas al CNE dentro de los 90 días posteriores a las elecciones. En caso de incumplimiento o falta de justificación de los gastos, las sanciones pueden ser severas, incluyendo multas económicas, la pérdida del cargo del candidato e incluso la eliminación del partido o movimiento político involucrado.
Equidad y transparencia en la promoción electoral de los candidatos
Para garantizar una competencia justa, el Estado ecuatoriano asigna recursos a los candidatos a través del Fondo de Promoción Electoral, dinero que es pagado directamente a los medios de comunicación para la difusión de propaganda electoral. En esta ocasión, el CNE determinó que Daniel Noboa reciba USD 421 100 para publicidad en medios de comunicación, mientras que Luisa González, debido a su alianza con el movimiento RETO, obtiene un 20 % adicional, alcanzando un total de USD 589 540.
Este presupuesto puede distribuirse en distintos medios de comunicación, como televisión, radio, prensa escrita, plataformas digitales y vallas publicitarias. Sin embargo, la campaña ha estado marcada por la desinformación y la propagación de contenidos en redes sociales mediante cuentas anónimas, lo que ha generado debates sobre la regulación de la propaganda electoral en el entorno digital.
El financiamiento y la correcta rendición de cuentas siguen siendo temas clave para la transparencia electoral en Ecuador, donde el uso de los recursos destinados a la campaña es supervisado con rigurosidad para evitar irregularidades y garantizar la equidad en la contienda presidencial.
