Medidas de Noboa bajo cuestionamiento legal
Desde el inicio de 2025, la Corte Constitucional de Ecuador ha recibido un total de 111 demandas ciudadanas de inconstitucionalidad, de las cuales el 58% están dirigidas a medidas del Ejecutivo del presidente Daniel Noboa. Entre las más cuestionadas se encuentran leyes, decretos, resoluciones ministeriales y acuerdos, destacando la Ley de Integridad Pública, la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional.
En particular, la Ley de Integridad Pública acumula 29 acciones legales, de las cuales 25 ya han sido unificadas en un solo proceso. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene su enfoque en medidas relacionadas con la Ley de Inteligencia y Solidaridad Nacional, atribuyendo la creciente crisis de inseguridad a decisiones de la Corte.
Otras medidas controvertidas incluyen la resolución 003/25 de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que establece una nueva tasa de fiscalización minera con un impacto estimado entre USD 200 y 220 millones al año, así como la fusión de ministerios y decisiones laborales. Estas iniciativas también han generado múltiples demandas de inconstitucionalidad por parte de ciudadanos y organizaciones que consideran que vulneran derechos fundamentales.
El Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Ivonne Núñez, también ha sido objeto de cuestionamientos legales relacionados con acuerdos, resoluciones sobre sindicatos, remuneraciones y la operatividad de la Ley de Integridad Pública. Además, otras leyes recientes, como las de Eficiencia Económica, Conflicto Armado y Áreas Protegidas, también se encuentran en revisión.
Estas acciones reflejan un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo y la justicia constitucional, donde la sociedad y distintas agrupaciones buscan garantizar la constitucionalidad de las políticas públicas y la protección de los derechos ciudadanos. El análisis y resolución de estas demandas marcarán un precedente importante para el equilibrio de poderes y la gobernanza en Ecuador.
