Más de USD 4 millones en contratos estatales habrían sido utilizados para operaciones ilícitas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, revelando la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas del país.
El 9 de septiembre de 2025, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el operativo Frontera Norte 2, catalogado por el Gobierno como el mayor golpe económico a estructuras criminales en Ecuador. La investigación puso en la mira a 20 personas y al menos cinco empresas presuntamente vinculadas a los Comandos de la Frontera (CDF), organización criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.
Desde noviembre de 2024, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) remitió a la Fiscalía un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) sobre Roberth Luis Jiménez Hernández, empresario originario de Sucumbíos vinculado a los CDF y actualmente prófugo. Con esta información, el Ministerio Público inició un exhaustivo seguimiento de las operaciones financieras de la organización, identificando personas y empresas que utilizaban contratos estatales como medio para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.
El operativo de septiembre de 2025 comprendió 62 allanamientos en las provincias de Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo. Como resultado, siete personas fueron detenidas y cinco ya presas recibieron nuevas órdenes de detención. Entre los implicados se encuentran seis procesados por delincuencia organizada y narcotráfico; cuatro ya cuentan con sentencia y dos permanecen prófugos, incluyendo a Roberth Luis Jiménez Hernández y Roberto Carlos Álvarez, alias “Gerente”, quien fue capturado en Abu Dabi en junio de 2025 y se tramita su extradición.
Una de las revelaciones más impactantes del caso es la infiltración de la red criminal en contratos con el Estado. Cinco de los investigados mantenían 37 contratos activos, con un valor superior a USD 4,1 millones, firmados con 12 entidades públicas, incluidos gobiernos municipales y provinciales de la Amazonía, la Policía Nacional, CELEC y la Dirección Distrital del Ministerio de Educación. El 51 % de estos contratos está relacionado con Stalyn Fernando J. I., uno de los principales investigados, quien personalmente gestionó 17 contratos por USD 2,1 millones que incluían insumos de construcción, repuestos de maquinaria y programas de formación familiar.
Además, la investigación reveló que la red de los Álvarez Cordero, otra rama vinculada a los CDF, extendió sus operaciones hasta España. En Madrid está registrada la empresa Kaeri Business SL, vinculada a Industria Agrícola Ganadera Kaeri en Ecuador y administrada por Roberto Carlos Álvarez. Asimismo, otra empresa, Ameuro Investment SL, también figura en registros públicos españoles y está bajo investigación por lavado de activos. Se destacó que incluso el hijo menor de los Álvarez Cordero, aún menor de edad, figura como accionista en dos de estas empresas mientras juega fútbol en un equipo infantil en Europa desde 2023.
Este caso evidencia cómo estructuras criminales logran infiltrar recursos ilícitos dentro del Estado y expandir operaciones internacionales, utilizando contratos públicos y empresas tanto en Ecuador como en el extranjero. La operación Frontera Norte 2 marca un precedente en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado, dejando en evidencia la necesidad de fortalecer los controles financieros y judiciales para evitar la penetración de redes criminales en las instituciones públicas.
