Los ministerios de Trabajo y Finanzas definirán salarios y estructuras tras la fusión de entidades.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 115 el 5 de septiembre de 2025, avanzando en su plan de eficiencia administrativa que busca reestructurar el Estado ecuatoriano. Esta medida delega a los ministerios de Trabajo y Economía y Finanzas la responsabilidad de definir los sueldos, aprobar los estatutos y diseñar las estructuras de las entidades fusionadas del Ejecutivo.
Desde el 24 de julio de 2025, el Gobierno anunció un plan de eficiencia administrativa que implica la fusión de ministerios y secretarías. Los ministerios pasarán de 20 a 14 y las secretarías de nueve a tres. Esta reestructuración busca reducir la burocracia, optimizar recursos y mejorar la eficiencia en la gestión pública.
El Decreto Ejecutivo 115 también modifica decretos anteriores emitidos en 2009, 2016 y 2024. Entre las modificaciones más relevantes se destaca la derogación de disposiciones legales que limitaban la existencia de viceministerios en entidades con menos de 1.000 servidores públicos. Con esta reforma, las entidades absorbidas podrán convertirse en viceministerios sin necesidad de autorización presidencial, agilizando la reorganización del Ejecutivo.
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que el proceso involucra también a la Secretaría Nacional de Planificación y al Inmobiliar, instituciones que ahora se integran a la Presidencia de la República. Según Moya, el Ministerio de Trabajo debe definir las competencias de cada cartera, evitando duplicidades y garantizando que todas las funciones estén cubiertas. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas valida este plan mediante un dictamen para asegurar su sostenibilidad.
El cronograma oficial prevé que las fusiones estén operativas durante septiembre de 2025. La funcionaria recalcó que los cambios buscan reorganizar la función pública sin afectar de forma drástica al personal. El propósito central de la medida es ganar eficiencia en la gestión pública, más que alcanzar un ahorro fiscal inmediato. El Gobierno busca que, con los mismos recursos, se pueda ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
