20 de las declaratorias estuvieron relacionadas con la inseguridad y el combate al crimen organizado.
Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia de Ecuador, el país ha recurrido de manera reiterada a los estados de excepción como una herramienta para enfrentar la crisis de seguridad. Entre enero de 2024 y agosto de 2026 se emitieron 24 decretos relacionados con esta medida extraordinaria.
De ese total, 20 estuvieron motivados principalmente por la inseguridad, mientras que tres respondieron a protestas sociales y uno estuvo relacionado con la crisis energética.
El escenario vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿puede Ecuador enfrentar la violencia dentro del régimen ordinario sin depender constantemente de estados de excepción?
20 estados de excepción estuvieron relacionados con la inseguridad
El primer estado de excepción del Gobierno de Noboa fue decretado en enero de 2024, tras la escalada de violencia que llevó al Ejecutivo a declarar la existencia de un conflicto armado interno.
Desde entonces, las declaratorias se han convertido en una herramienta recurrente para reforzar las operaciones de seguridad y permitir una mayor participación de las Fuerzas Armadas junto con la Policía Nacional.
Así se distribuyen las declaratorias
Los 24 decretos registrados durante el Gobierno de Noboa se concentran de la siguiente manera:
- 2024: 9 estados de excepción.
- 2025: 12 estados de excepción.
- 2026: 3 estados de excepción hasta agosto.
En total, 20 estuvieron relacionados con la inseguridad, tres con protestas sociales y uno con la crisis energética.
El último estado de excepción rige en 10 provincias
El 14 de agosto de 2026, Noboa renovó por 30 días el estado de excepción que inicialmente había sido decretado el 16 de junio mediante el Decreto Ejecutivo 423.
La medida alcanza a 10 provincias y tres cantones.
Las provincias incluidas
El estado de excepción rige en:
- Guayas
- Manabí
- Santa Elena
- Los Ríos
- El Oro
- Pichincha
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
- Azuay
También incluye a La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.
La continuidad de estas medidas refleja la dimensión de la crisis de seguridad que enfrenta el país y el desafío que representa contener a las organizaciones delictivas que operan en distintas zonas del territorio nacional.
La Asamblea busca una alternativa a los estados de excepción
En medio de este escenario, la Asamblea Nacional aprobó el 25 de agosto de 2026, con 83 votos, el proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.
La propuesta fue impulsada por la asambleísta Inés Alarcón y establece condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en tareas de seguridad sin que necesariamente sea necesario declarar un estado de excepción.
¿Qué cambia con la nueva ley?
El planteamiento busca que la participación militar en determinadas labores de seguridad pueda realizarse dentro del régimen ordinario y no dependa exclusivamente de una medida extraordinaria.
Alarcón defendió la iniciativa bajo el argumento de que la lucha contra el crimen organizado no debería depender únicamente de los estados de excepción y que el Estado necesita herramientas permanentes para responder a esta problemática.
El debate sobre seguridad entra en una nueva etapa
La aprobación de esta normativa abre un nuevo capítulo en la política de seguridad de Ecuador.
Por un lado, el Gobierno y sus aliados sostienen que el Estado necesita mayores herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales. Por otro, el uso recurrente de estados de excepción ha generado un debate sobre la excepcionalidad de estas medidas y sobre cómo debe organizarse la seguridad pública en tiempos de crisis.
El desafío será determinar si el nuevo marco legal permite fortalecer la respuesta del Estado sin convertir las medidas extraordinarias en una práctica permanente.
¿Qué significa para los ecuatorianos?
Si la nueva normativa entra en vigencia, las Fuerzas Armadas podrían tener un mecanismo adicional para apoyar a la Policía en determinadas circunstancias, sin que cada intervención requiera necesariamente un nuevo estado de excepción.
Para Ecuador, el debate ya no se limita al número de decretos emitidos, sino a la capacidad del Estado para construir una estrategia de seguridad sostenible que permita enfrentar al crimen organizado dentro de un marco institucional estable.
Ecuador acumula 24 estados de excepción durante el Gobierno de Daniel Noboa, 20 de ellos vinculados a la inseguridad. Ahora, la Asamblea aprobó una nueva ley que permitiría a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía sin necesidad de declarar siempre un estado de excepción.
¿Es este el cambio que necesitaba Ecuador para enfrentar la crisis de seguridad?
